La exhortación del Colegio de Arquitectos responde a las recientes acciones municipales que desconocen trámites iniciados antes del fallo del Tribunal Constitucional.
El Colegio de Arquitectos del Perú (Consejo Nacional y Regional Lima) pidió a los municipios respetar la estabilidad jurídica, luego de acciones de comunas distritales que pretenden declarar nulos anteproyectos y proyectos aprobados con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), en el marco del Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación.
“La sentencia del Tribunal Constitucional no es retroactiva, por tanto, las licencias de edificación emitidas con anterioridad a la referida norma son válidas”, indica el comunicado.
Recordó que el fallo del órgano jurisdiccional precisa que la zonificación y, las alturas de las edificaciones que se desarrollen son competencias de las municipalidades provinciales.
“Exhortamos a las autoridades de las municipalidades provinciales a nivel nacional que formulen o concluyan cuanto antes estos instrumentos normativos, que permitirán la ejecución de proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) en sus jurisdicciones”, señala.
“Es preocupante la creciente inestabilidad jurídica que han provocado las acciones de algunas municipalidades distritales que han llegado a suspender licencias otorgadas y paralizar obras, afectando la seguridad jurídica de la inversión inmobiliaria e incluso, perjudicando a terceras personas que adquirieron de buena fe sus viviendas”, agrega el Colegio de Arquitectos.
En ese sentido, solicitó a las autoridades de las municipalidades distritales que hayan emitido tales disposiciones normativas o administrativas, que las dejen sin efecto, en aras de mantener el orden constitucional, el respeto al estado de derecho y la seguridad jurídica del país.
También el Colegio de Arquitectos del Perú expresó la necesidad de promover los proyectos sociales vivienda de interés social y, sobre todo, ampliar su ámbito de acción impulsando la Vivienda de Interés Social Prioritario, que atendería al sector D y E de la población.
Estas acciones se deberán desarrollar simultáneamente con programas de reubicación de la población asentada en zonas vulnerables (de riesgo no mitigable), buscando atender el derecho fundamental de todo ciudadano de acceder a una vivienda segura y digna añadió.